El cuerpo de Adiel Zermann fue encontrado sin vida en la calle el pasado fin de semana. Semidesnudo, con múltiples golpes, huellas de tortura y su propia camiseta atada al cuello. Tenía 39 años y era candidato del partido Morena a la alcaldía de Tenango del Aire, un municipio del Estado de México.
El de Zermann es el último de una larga lista de homicidios en contra de políticos, en una oleada de violencia registrada desde septiembre de 2017, cuando comenzó el periodo de precampañas electorales en México. Lea también: Diálogo de paz con el ELN se reanudará en Cuba en busca de un cese al fuego
Los homicidios y agresiones continúan al alza, especialmente contra los candidatos a cargos locales, pese a que existe un protocolo para garantizar su seguridad, implementado por el Instituto Nacional Electoral, INE y la Secretaría de Gobernación.
Según cifras de la consultoría Etelekt, suman 90 políticos asesinados y más de 180 víctimas de agresiones directas, lo que ha convertido a este proceso electoral no solo como el que tiene más puestos en disputa, sino también como el más violento en la historia del país.
En la lista se encuentran 22 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes de partidos con distintos puestos, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes partidistas, cuatro candidatos, dos exregidores, un diputado local, un representante municipal, un exsíndico y un exdiputado federal.
De acuerdo con un informe publicado en el mes de abril por Etellekt, el 69% de las víctimas fueron directamente asesinadas, mientras que 12 % fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.
El proceso electoral inició formalmente en septiembre de 2017 con los trabajos previos para que cada partido eligiera a sus candidatos. Pero no fue hasta el mes de abril cuando entró en vigor el Protocolo de protección personal para los candidatos.
El protocolo fue acordado por el INE y la Secretaría de Gobernación, Segob, para asignar seguridad adicional a cualquier candidato que lo solicite, que implica brindar vigilancia y seguridad en el domicilio, traslados y aeropuertos donde se encuentren los candidatos. El acuerdo también incluye seguridad para la familia, si se solicita.
Sin embargo, por los tiempos en que se implementó el programa, no contempló a quienes participaron en el proceso como precandidatos, muchos de los cuales en meses pasados fueron violentados o incluso asesinados en su intento por obtener una candidatura.
El protocolo, que ya se había implementado en elecciones federales desde 2006, señala que, si el solicitante es un candidato a la presidencia, contará con seguridad adicional del Estado Mayor presidencial, así como de la Policía Federal. Por su parte, el resto de los aspirantes como aquellos que buscan alguna diputación, contarán solo con la protección de la Policía Federal y autoridades civiles.
Los aspirantes deben solicitar esta protección a través de la autoridad electoral, pero es la Segob quien autoriza o rechaza la petición. Hasta el pasado 30 de abril, el INE había recibido tan solo 17 solicitudes de protección para candidatos, de los cuales, dos aspiran a la silla presidencial.
De los cinco candidatos a la presidencia, solo la independiente Margarita Zavala y el oficialista José Antonio Meade se han apegado a este protocolo. Tanto el candidato Ricardo Anaya, como el izquierdista López Obrador y el Independiente Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ rechazaron hacer una solicitud al señalar que “no tienen nada que temer”.
Sin embargo, la realidad para los candidatos locales del país es muy diferente. Según el informe que arriba se menciona el 90% de las agresiones documentadas fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local.
Para el experto en seguridad nacional Javier Oliva, esta cifra se debe a que en los últimos años, el crimen organizado ha tratado de corromper y vulnerar, en principio, a los gobiernos locales.
En México lo que está pasando es que las bandas criminales controlan territorios, son espacios de control. Entonces esos atentados son una forma de amedrentar, de garantizar o de rivalizar por el control del territorio”, señaló Oliva.
Según este informe, el 66% de los asesinatos contra políticos sucedieron en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México, que son en los que, en general, presentan mayores índices de violencia.
Por esta razón, Oliva considera que el nivel de seguridad que se ha ofrecido a los candidatos presidenciales, quienes de forma independiente tienen los medios para contratar seguridad, debería ofrecerse al mismo nivel a los locales. Sin embargo, señala que si todos los que ameritan pidieran seguridad, la capacidad del estado quedaría rebasado.
Fuente: Univisión
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