El gobierno de los Estados Unidos revocó visas a 21 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega involucrados en abusos a los derechos humanos de manifestantes pacíficos en Nicaragua, según informó el secretario principal Adjunto de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Kenneth H. Merten, durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense.
Los sancionados con la revocación de visas no fueron identificados por Merten, debido a las leyes de confidencialidad en Estados Unidos.
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Merten dijo que el gobierno de Nicaragua ha demostrado excesivo uso de fuerzas que han dejado un saldo de 351 personas muertas desde que iniciaron las protestas el 18 de abril pasado, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
El funcionario estadounidense dijo que otra de las respuestas que ha dado el gobierno de Estados Unidos contra abusadores de los derechos humanos en Nicaragua, son las sanciones a través de la Ley Global Magnitsky Act contra Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa; Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial, y Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Transición democrática
Merten manifestó, además, que Estados Unidos se ha pronunciado a favor de una transición democrática y la realización de elecciones libres y justas en Nicaragua, que Estados Unidos continuará contribuyendo al restablecimiento de la democracia en países como Venezuela y Nicaragua.
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El Departamento de Estado anunció a inicios de junio, que las sanciones de revocación de visas estaban dirigidas a oficiales de la Policía Nacional, funcionarios municipales y a un funcionario del Ministerio de Salud, que “dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho de reunión pacífica y libertad de expresión”.
La portavoz del Departamento de Estado Heather Nauert, dijo en ese momento, que los funcionarios con visas revocadas “han operado con impunidad y precisó que en algunos casos las sanciones se han extendido también a familiares de estos funcionarios.
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