Se ha informado de manera extraoficial que ya están en marcha las negociaciones para buscar soluciones a la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la que ha sido causada por la mala administración del régimen de Daniel Ortega.
La crisis del INSS es muy grave. Se trata de que en los próximos años la institución no tendrá fondos suficientes para pagar las pensiones y esta responsabilidad correría a cuenta del Estado, que tampoco tendría capacidad para asumirla.
Las negociaciones sobre la crisis del INSS se manejan a puertas cerradas, sin claridad informativa, de espaldas a los afiliados y beneficiarios de la seguridad social. Sin embargo el problema es claro y las soluciones están a la vista, si los negociadores quieren verlas y aplicarlas.
Ante todo, la causa y el culpable de la crisis del INSS están plenamente identificados. La causa es la mala administración del seguro social y el culpable es el régimen de Daniel Ortega. El Gobierno de don Enrique Bolaños entregó un INSS solvente, inclusive con un superávit apreciable de 1,183 millones de córdobas. Sin embargo, por la mala administración, ya para el año 2013 el INSS tenía un déficit de un poco más de 201 millones de córdobas. A pesar de esa señal de alarma tan notoria, el INSS se siguió manejando de manera irresponsable y en 2017 el déficit acumulado llegó a los 2,373 millones de córdobas.
Inversiones turbias de los fondos del INSS, pago de pensiones de interés político partidista, incremento desmesurado del aparato burocrático, prestaciones internas excesivas, derroche de recursos, etc., han llevado a la institución de seguridad social al borde del colapso. Sin embargo, el INSS continúa bajo la misma administración que ha causado la crisis.
Siendo el interlocutor principal del Gobierno en la negociación sobre la crisis del INSS, el Cosep debería proponer ante todo el saneamiento de su administración. Que deje de ser un feudo político del FSLN y del gobierno central. Que se pague en serio la deuda acumulada por el incumplimiento de las cotizaciones del Estado. Que se saquen del INSS las pensiones políticas y las asuma el Gobierno central, si quiere. Que se reduzcan los gastos administrativos al límite que establece la ley, etc.
Es justa la preocupación del Cosep por el incremento de la cotización patronal al INSS y que pida en compensación una reforma fiscal. No se requiere ser un experto en la materia para saber que el aumento en las cotizaciones patronales y laborales, sin las adecuadas medidas compensatorias, incrementará los costos de operación y fomentará más informalidad económica.
La solución definitiva de la crisis del Seguro Social pasa necesariamente por un cambio de Gobierno y que el INSS vuelva a ser gestionado con responsabilidad, como lo fue en el período de 2002 a 2006, cuando se saneó la administración y hasta se dejó un superávit apreciable.
Pero mientras llega a ese momento algo se puede hacer. Lo cual depende en buena medida de quienes tienen el privilegio de ser los únicos interlocutores del Gobierno.
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