No se conoce la cantidad exacta de tierras de propiedad privada que turbas orteguistas, en algunos casos protegidas por paramilitares armados, han ocupado en el curso de la crisis de gobernabilidad que sufre el país desde el 18 de abril.
Según directivos empresariales del sector agrícola y pecuario, solo en el mes de junio entre 3,500 y 4,00 manzanas fueron invadidas por los tomatierras. El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, dice que todo el país está siendo afectado por las ocupaciones de tierras. Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Ganaderos de Nicaragua (Faganic), Álvaro Vargas, explicó que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores y aseguró que “esto viene a afectar el ciclo agrícola, por la incertidumbre de que te pueden tomar las tierras”.
Pero también tierras urbanas y suburbanas están siendo ocupadas ilegalmente. El caso más representativo ha sido el de una valiosa propiedad cerca de la rotonda Jean Paul Genie, en Managua, donde el sábado pasado los tomatierras mataron a balazos a un joven que había participado en la marcha pacífica en homenaje a los niños asesinados por la dictadura y luego un grupo de autoconvocados desalojó por la fuerza a los usurpadores.
Se dice que las ocupaciones de tierras son una venganza de Daniel Ortega, porque el sector empresarial rompió el pacto que tenía con el Gobierno y se incorporó a la lucha por la democratización de Nicaragua, que pasa por sacarlo del poder mediante la anticipación de las elecciones.
Sin embargo, aparte de una venganza mezquina de lo que se trata en el fondo es de que Daniel Ortega siempre ha sido enemigo de la propiedad privada adquirida de manera honesta y legítima. Ortega solo tiene aprecio por aquella propiedad que ha sido obtenida por medios delictivos, como la piñata sandinista de los años noventa, la extorsión, el chantaje y otros procedimientos típicamente mafiosos.
Durante los años de su matrimonio de conveniencia con los empresarios, Daniel Ortega respetó en general la propiedad del sector capitalista y terrateniente independiente. Pero lo hizo por cálculo estratégico —como una política mafiosa de no agredir a sus víctimas a cambio de obediencia—, no por principios, ni honorabilidad, ni respeto a la Constitución.
Es probable que con las tomas de tierras y posiblemente de otras propiedades privadas, Daniel Ortega y Rosario Murillo pretendan obligar a los empresarios independientes a volver al redil del pacto corporativo. Pero el sector empresarial está claro de que la única alternativa que le queda es luchar por el restablecimiento de la democracia, la cual se funda el respeto a la propiedad privada como una cuestión de principios, no por estrategias políticas dictatoriales y corruptas.
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