Los estudiantes universitarios han sido, sin discusión de ninguna clase, los líderes y protagonistas principales de la insurrección cívica con la que respondieron a la salvaje represión del régimen orteguista contra las protestas pacíficas del 18 de abril.
Los estudiantes fueron también las víctimas principales de la masacre perpetrada por las fuerzas represivas de Daniel Ortega, que dejó el saldo macabro de más de 40 muertos, decenas de heridos durante la represión y muchos detenidos que fueron torturados en la cárcel, algunos con tanta saña que motivaron el llanto público del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez.
De manera que es lógico que los protagonistas heroicos de la rebelión cívica y sobrevivientes de la masacre orteguista, que son los estudiantes universitarios, tengan que ser los principales participantes en el diálogo nacional que con muchas dificultades pero con toda buena voluntad están tratando de montar los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Y si por la razón que fuese los estudiantes no pudieran o no quisieran participar en el diálogo, este perdería significación y legitimidad moral.
También es lógico y comprensible que además de justicia verdadera y por lo tanto castigo para los responsables políticos y materiales de la masacre, los estudiantes exijan que Daniel Ortega y Rosario Murillo renuncien a sus cargos, o que por lo menos se adelanten las elecciones para que la pareja dictatorial se vaya lo más pronto posible.
Algunas personas aunque son democráticas opinan que no se debería pedir la renuncia de la pareja dictatorial, porque de todas maneras estos no van a renunciar. Pero la verdad es que Ortega y Murillo no tienen autoridad política y moral para seguir gobernando el país. Y por conciencia ética y dignidad ciudadana, lo menos que se les puede pedir y exigir a los dictadores es que se vayan del poder.
La renuncia y sustitución del presidente y vicepresidenta de Nicaragua están previstas en el artículo 149 de la Constitución. En tal caso asume temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional, la cual en el término de 72 horas debe nombrar al presidente y vicepresidente sustitutos, para que terminen el período de los renunciantes.
La otra salida institucional de Ortega y Murillo sería adelantar las elecciones, para lo cual habría que reformar parcialmente la Constitución. Como esta reforma requiere ser aprobada en dos legislaturas, la primera se votaría en este año y la otra a principios de 2019. A mismo tiempo se cambiaría el Consejo Supremo Electoral y se aprobarían otras reformas legales que son necesarias para que haya elecciones justas y transparentes, las cuales se podrían realizar a mediados del próximo año.
De manera que el camino institucional existe y debería ser planteado en la mesa de diálogo nacional, en el caso de que este se instalara. Pero tendría que ser respaldado con una fuerte presión de la calle y de la comunidad internacional, para obligar a Ortega y Murillo a aceptar esa salida saludable para la nación y digna para ellos mismos. Obviamente no es eso lo que ellos quieren. Pero es lo que necesita el país y lo peor que podría pasar en el diálogo nacional sería que el dictador se saliera con la suya.
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