No hay dudas de que los gobernantes cubanos se sienten preocupados por el aislamiento progresivo que padece el Gobierno chavista de Nicolás Maduro. El periódico oficialista Juventud Rebelde, en su edición del pasado jueves, publica un artículo de su enviada a Caracas titulado «La lucidez tiene forma de multitudes». La periodista se hace la siguiente pregunta: ¿qué ha hecho Venezuela para merecer la guerra a muerte de la cual es diana?
En primer lugar aclarar que esa «guerra a muerte» no es contra Venezuela, sino contra el régimen de Maduro. Además de encarcelar a sus opositores políticos y no aceptar el calendario electoral que le reclama la mayoría de los venezolanos, el señor Maduro la ha emprendido contra uno de los bastiones del Estado de derecho: la división de poderes.
Las autoridades chavistas, al desacreditar y casi anular la labor legislativa de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, le han dado un tiro de gracia al equilibrio de poderes que debe de existir en cualquier sociedad que se precie de democrática. Y por supuesto que semejante manera de actuar despierta la animadversión de buena parte de las naciones del continente agrupadas en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero para el castrismo la división de poderes no posee ningún significado. Porque se trata de un engranaje político donde la labor «legislativa» la realizan por igual los gobernantes y los diputados, reunidos en un mismo local, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y con respecto al poder judicial, todos los jueces —o la inmensa mayoría de ellos— portan en sus bolsillos un carné del gobernante Partido Comunista, el único permitido.
Precisamente, por estos días de abril se cumplen 148 años de que los luchadores independentistas cubanos se reunieran en el poblado camagüeyano de Guáimaro para redactar la primera Constitución de la República en Armas. Una Carta Magna que establecía la división de poderes como uno de los mecanismos básicos de gobierno. Un mecanismo que se pondría de manifiesto hacia 1873 con la destitución del presidente Carlos Manuel de Céspedes por decisión de la Cámara de Representantes.
La prensa oficialista cubana, cuando evalúa ese hecho, por lo general se refiere a que el hombre de La Demajagua fue víctima de una traición o un golpe de Estado. Sin embargo, no dice que aquel accionar de la Cámara de Representantes, en respuesta a ciertos asomos dictatoriales del Presidente, fue consecuente con el espíritu liberal-democrático de los hombres que se lanzaron a la manigua en 1868. Un espíritu que se halla en la esencia de nuestra nacionalidad, y que llegó a nosotros mucho antes que cualquier otra idea de corte socialista o marxista.
El punto de vista de la enviada del periódico Juventud Rebelde a Caracas se enmarca perfectamente en el enfoque con que el castrismo le presenta al ciudadano de a pie la situación en torno a Venezuela. Según dicho enfoque, todo no ha sido más que una obsesión del señor Luis Almagro, cumpliendo órdenes de EEUU, para destruir la revolución bolivariana.
Esa manera de apreciar los acontecimientos en blanco y negro, y no ver los matices, arruina la credibilidad de esa prensa oficialista. Ese es el motivo de que se refieran a «un grupo de países que ha conformado una facción minoritaria», como modo de calificar a las naciones de la región que han criticado la grave ruptura institucional que tiene lugar en la patria de Bolívar.
En vano los lectores de Granma o Juventud Rebelde buscarán los nombres de los países que conforman esa «facción minoritaria». Porque, ¿cómo podrían los gobernantes explicarles a los cubanos el hecho de que algún que otro gobierno de izquierda, en nada supeditado a Washington —por supuesto, de la izquierda democrática—, se sume a los reclamos de la OEA contra el Gobierno de Maduro?
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