Cuba reporta 2,174 casos de abuso sexual a menores en el 2015, antes de la llegada de la relatora especial de Naciones Unidas para la trata de personas la semana próxima.
En el “Informe de Cuba sobre enfrentamiento a la trata de personas y delitos conexos” —publicado originalmente a fines del año pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y destacado este viernes en su página digital oficial— el gobierno de la isla difundió cifras sobre delitos sexuales contra menores de edad para demostrar su baja incidencia en la isla.
El total de niños y niñas víctimas de “presuntos hechos de abuso sexual” durante el 2015 fue 2,174. De ellos, 1,189 habrían sufrido abusos lascivos, otros 333 violaciones y 354 estuvieron involucrados en casos de corrupción de menores. El documento subraya que todos recibieron protección de centros especializados del Ministerio del Interior.
“Aunque las … cifras no coinciden en su mayoría con hechos tipificados como trata (salvo en casos puntuales de corrupción de menores), son ilustrativas de la baja incidencia de hechos de abuso sexual en sectores vulnerables como los menores de edad, así como de las acciones de protección que desarrollan las entidades involucradas”, indica el informe, que destaca que estas denuncias representan “el 0.09 por ciento anual, de una población infanto-juvenil de 2,260,751 personas”.
Las cifras oficiales se han mantenido estables, por encima de los 2,000 casos anuales, desde que el gobierno comenzó a publicar estos reportes en 2013, según cifras oficiales.
Sin embargo, el informe no indica cuántas de estas denuncias concluyeron en casos penales, aunque menciona que en el 2015 llegaron a los tribunales 90 casos por el delito de corrupción de menores y o52 por proxenetismo y trata de personas. También indica que “actualmente están privados de libertad por el delito de corrupción de menores 7 extranjeros que mantuvieron relaciones sexuales con menores de edad en Cuba (2 españoles, 2 Italianos, 1 indio, 1 inglés y 1 alemán)”.
Publicado antes de la eliminación de la política de “pies secos, pies mojados”, el documento también describe el modus operandi de contrabandistas de personas que luego explotan sexualmente a mujeres cubanas en Estados Unidos, similar al caso de Silvio Clark Morales, quien se declaró culpable de este tipo de actos en una corte federal el jueves en Miami.
“En el proceso de captación de las víctimas, principalmente jóvenes, los organizadores nacionales residentes en el exterior o extranjeros… promueven falsas ofertas laborales con mejoras económicas, como manicurista, camarera o bailarina… Para recuperar las inversiones realizadas sobre las víctimas —viaje, hospedaje y alimentación— los tratantes las obligan a prostituirse y… amenazan con atentar contra sus vidas y las de familiares en Cuba”, señala el informe.
Unas 28 mujeres víctimas de la trata regresaron a Cuba en el 2015 y las autoridades cubanas habrían cooperado en 37 casos con autoridades de otros países, agrega el informe.
El jueves, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Trata de Personas, Maria Grazia Giammarinaro, anunció una visita a Cuba del 10 al 14 de abril, en respuesta a una invitación del gobierno cubano. Giammarinaro dijo que prestará “especial atención a las medidas en vigor y a las previstas para prevenir la trata, proteger a las víctimas y darles acceso a recursos efectivos”.
El viernes, el gobierno cubano entregó a la relatora un “Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la protección a las víctimas, para el período 2017-2020”, documento que no se ha hecho público aún.
El gobierno cubano sostiene que tiene una política de “cero tolerancia” hacia la trata de personas y en el 2015 publicó un informe similar sobre la lucha contra el tráfico humano con datos del 2014. Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha criticado en su informe anual por no tener una ley detallada contra la trata de personas y no hacer suficientes esfuerzos para la persecución de todos los casos y formas del tráfico humano, especialmente en relación a la explotación sexual de menores. El Departamento de Estado, por lo tanto, ha mantenido a Cuba en una “lista de observación” en el nivel dos, por dos años consecutivos.
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